domingo, 16 de abril de 2017

La última esperanza de Enrique Peña Nieto

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político


Carlos Aceves del Olmo con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.
Foto de archivo.
 
Toma la protesta Enrique Peña Nieto, presidente de México, a las 12:00 horas locales de este lunes 17 de abril, en la cómoda seguridad de la Residencia Oficial de Los Pinos, al líder cetemista Carlos Aceves del Olmo, electo presidente del Congreso del Trabajo el 2 de febrero, a 48 días de las elecciones a gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit.

Una reunión oxigenadora en medio de la salvadora redada electoral que “encontró y detuvo” el 9 de abril en Florencia, Italia, al prófugo ex gobernador priista de Tamaulipas Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y el 15 de abril en Panajachel, Sololá, Guatemala, al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ubicados por la estadounidense Forbes como dos de los diez mexicanos más corruptos y para el de Polanco avecindado en Atlacomulco, “ejemplo de la nueva generación del PRI”.

Considerado el sector obrero como uno de los tres pilares del PRI hasta que el primer tecnócrata de Harvard, el desaparecido Miguel de la Madrid Hurtado, le dio en la nariz al también desaparecido Fidel Velázquez Sánchez, con la puerta presidencial, en 1982, se antoja difícil que su debilitada y casi extinta infraestructura pueda salvar, incluso al primo Alfredo del Mazo Maza, que observó el asentamiento de narcos en su municipio.

Y no es por la longeva adicción al poder de los dirigentes sindicales, sino por el agotado control político electoral de las casi 50 dirigencias sindicales que integran el chavo-ruco del Congreso del Trabajo, fundado el 18 de febrero de 1966, con signos visibles de corrupción interna al servicio de los círculos concéntricos del poder.

En el Salón Adolfo López Mateos, el compromiso político electoral para ungir al primo como nuevo gobernador mexiquense que proteja los intereses del Cartel de Atlacomulco, levantarán su copa por la larga vida del organismo creado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el golpeador y depredador de los pensionados ferrocarriles Víctor Flores Morales, Joel Ayala Almeida, presidente de la FSTSE; Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato del Infonavit, así como Rodolfo González, de la CROM.

“Salud” es el grito al choque de las copas. Solamente son 48 días este lunes 17 de abril, para sostener el “triunfo” mediático a nivel de grandiosa Telenovela, ya que el 8 de junio se sabrá si el tamaulipeco lo extraditan a Estados Unidos para sentenciarlo o a México para exonerarlo, y para el veracruzano el 14 de junio para que confirme el apoyo de su amigo chiapaneco investido de verde Manuel Velasco Coello.

Carlos Aceves del Olmo sabe bien su peonística posición en el ajedrez político del Primer Copete de la Nación al comentar que muchas personas dan por muerto al PRI, tanto en el Estado de México como en las federales del 2018, “ya nos ven como perdedores, por lo que debemos ponerlos las pilas para trabajar para el próximo año.

Y para “resucitar”, aunque sea en la realidad virtual, se acude al anquilosado como descontextualizado discurso de impulsar la defensa de los derechos de los trabajadores ante el contexto económico y social actual en el que se requiere no sólo la unidad de los obreros, sino de todos los sectores de la sociedad, cuando la reducen las incapacidades laborales.

La fiesta de los autistas es de pronóstico reservador.


Nos leemos en http://arcanoradio.blogspot.mx/, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad.

miércoles, 12 de abril de 2017

Se internacionaliza el chiapaneco soñador presidencial

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político


Se internacionaliza el soñador de la Presidencia y gobernador de Chiapas en funciones, Manuel Velasco Coello. Ya lo vio Amnistía Internacional. Es más, ¡hasta le escribió! Hay preocupación por su rapaz insensibilidad de dejar morir a nueve enfermeras en huelga de hambre en protesta por el desvío de recursos públicos en el sector salud.

Se declararon en huelga de hambre el lunes 3 de abril las enfermeras María de Jesús Espinosa de los Santos, con 30 años de servicio; Cielo Gramajo, con 27; Nelly Ivonne Castillo Escobar, con 20; María Isidra Orozco, con 21, y Verónica Zenteno Pérez, con 27 años de servicio en el sector salud. El 11 de abril son nueve las huelguistas de hambre.

Están frente al Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascacio Gamboa” en Tuxtla Gutiérrez, sin que los medios locales puedan verlas al estar cegados por las pautas publicitarias gubernamentales en donde el que se dice verde ecologistas para encubrir la deforestación de la Selva Lacandona, castiga hasta una coma de crítica.

La inconformidad, empero, rebasa a las nueve enfermeras valientes que arriesgan su vida ante la rapaz insensibilidad de la que realmente manda en el Estado, Leticia Coello, la mamá del gobernador que cobra un sueldo millonario en el DIF, aunque sea pecata minuta ante los negociazos que inflan los servicios y recursos entregados en programas federales y estatales.

El sector salud es la punta del iceberg, en donde se ha documentado el robo del dinero descontado a los trabajadores en riesgo de perder sus casas con Fovissste, de ser embargados por tiendas de aparatos electrónicos, muebles y autos, de ser perseguidos judicialmente por el SAT, sin ser atendidos por las aseguradoras, entre muchos otros.

Se suma el desabasto de medicamentos en todo el sistema médico-asistencial chiapaneco, en donde la burla de la dupla Mamá.-Hijo llega a distribuir agua embotellada en el 50 por ciento de capacidad de cada uno de los 11 camiones que, dicen y pagan gacetillas, son medicamentos.

Hay más: Cerca de 500 proveedores al sector salud siguen en espera de que les paguen. Algunos ya murieron aunque sus deudos tienen las facturas que adeuda desde que asumió la gubernatura Manolito, convertido, dicen, en flamante papá y disfrazado de charrito que se cae del caballo para inaugurar su Lienzo Charro.

Trabajadores inconformes y y proveedores, han sido perseguidos por el hoy Fiscal del Estado, Raciel López Salazar, heredado desde 2009 por el compadre oculto en el Consulado de México en Orlando, Florida. Sin soslayar las amenazas.

Lo más grave, es que se quiere silenciar la legítima protesta con el “despido” injustificado de los trabajadores que lideran la inconformidad

Ante la imposibilidad de ocultar el saqueo y la represión a los chiapanecos, en complicidad con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida por Juan Oscar Trinidad Palacios, el comiteco Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno, dice que estableció una supuesta mesa de diálogo el jueves 6 de abril, con dos reuniones.

Sin embargo, después de la carta de Amnistía Internacional, intenta engañar el 11 de abril, al decir en un comunicado que que durante los cuatro días que lleva el proceso de diálogo se han resuelto las tres peticiones originales: reinstalación inmediata en sus puestos de trabajo, abasto de medicamentos suficiente para el Hospital Regional, así como lo correspondiente a prestaciones laborales.

Y en el colmo del cinismo, blinda al secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, al decir que su destitución “no corresponde a las demandas ni originales ni posteriores de las enfermeras que se mantienen en ayuno en el Hospital Regional”.

Aumenta así, la preocupación sobre la vida de las enfermeras en huelga de hambre, ya que se entiende, con la declaración del comiteco Gómez Aranda y la ausencia de esa supuesta mesa de diálogo que llama a las huelguistas con una hora de anticipación y al no llegar cancela la supuesta reunión.

Tal vez Manuel Velasco Coello fiel a su confusión de género, intente copiar la dureza de Margaret Hilda Thatcher, primer Ministro de Inglaterra, que dejó morir después de 66 días en huelga de hambre en la prisión de Maze el 5 de mayo de 1981 al irlandés Robert Gerard Sands, Bobby Sands, de 27 años.

En la Cámara de los Comunes el 5 de mayo, la primera ministra Margaret Thatcher declaró que “el Sr. Sands era un criminal convicto. Eligió llevarse su propia vida. Una opción que su organización no dejó tomar a muchas de sus víctimas”. Y el saqueador chipaneco podría criminalizar la legítima protesta de las enfermeras.


No leemos en Arcano Radio, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, desde la cabina Gilberto Armienta Calderón, a un lado del Cañón del Sumidero.

miércoles, 5 de abril de 2017

Sembradores de impunidad

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político

En evidencia el particular estilo de impartir justicia de la Administración Peña Nieto: La Procuraduría General de la República protege la corrupción de altos funcionarios mientras encarcela con pruebas sembradas a inocentes, sin descontar que los jueces al mejor postor liberan violadores y amparan narcotraficantes.

En el primer caso, el periódico La Jornada denunció el miércoles 6 de abril que la Procuraduría General de la República (PGR) reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con los sobornos de la compañía Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroquímica.

Un particular solicitó “conocer todos los reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicación emitida y recibida por esta dependencia relacionada con la empresa Odebrecht, y su subsidaria Braskem, sobre la investigación de supuestos sobornos que habrían pagado a servidores públicos en México’’.

La respuesta de la encargada de impartir justicia es más que sospechosa, mediante el oficio PGR/UTAG/01304/2017: ‘‘Las expresiones documentales solicitadas (…) se encuentran clasificadas como reservadas’’, acorde con lo establecido en los artículos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 34 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, ‘‘así como para la elaboración de versiones (...)publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, podría permanecer con tal carácter hasta por cinco años’’.

Así, sin rubor, protege la impunidad de la corrupción de altos funcionarios de la Era Peña Nieto mientras que se ensaña con los ciudadanos de bien para extorsionarlos mediante el secuestro oficial al encausarlos con pruebas falsas, con base en la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por ejemplo, emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la Recomendación 13/2017, dirigida al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, por la detención arbitraria de una víctima realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial y un elemento adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “comisionado” a la PGR.

De acuerdo con las evidencias que obtuvo este Organismo Nacional se acreditó que a las 15:15 horas del 7 de septiembre de 2015, la víctima fue interceptado por servidores públicos cuando conducía su vehículo a la altura del Eje 10 Sur, casi esquina con Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, con motivo de una orden de localización y presentación en calidad de testigo, posteriormente realizaron una revisión a su vehículo, donde encontraron un arma de fuego envuelta en un papel de color blanco, que previamente había sido colocada por uno de los elementos aprehensores, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición de un Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), quien inició una averiguación previa en su contra por el delito de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

En la misma fecha, la víctima emitió declaración en calidad de testigo en una averiguación previa y, al concluir, se le inició otra averiguación previa diversa por la supuesta portación y posesión del arma de fuego, permaneciendo detenido del 7 al 9 de septiembre de 2015, fecha en que se le otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Derivado de lo anterior este Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia, por la detención arbitraria de una víctima.

Se acreditó la violación al derecho de Acceso a la Justicia en su modalidad de Procuración de Justicia y a la verdad, atribuida a los AMPF involucrados en la integración de la averiguación previa iniciada por posesión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por las irregularidades en que incurrieron, así como por la dilación en la integración y determinación de dicha indagatoria, toda vez que la autoridad jurisdiccional determinó en un juicio de amparo que la Representación Social de la Federación debía pronunciarse si existían o no diligencias pendientes de practicar y emitir el pronunciamiento correspondiente, por lo que hasta entonces se acordó la consulta de no ejercicio de la acción penal.

Asimismo, dos servidores públicos de la Policía Federal Ministerial faltaron a la verdad, al no proporcionar al AMPF la identidad del Agente de la policía adscrito a la entonces PGJEM, quien no contaba con facultades para intervenir en el cumplimiento de un mandamiento ministerial.

Finalmente, un AMPF transgredió el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas en agravio de una víctima, al acreditarse indiciariamente que mientras se encontraba bajo su resguardo el teléfono celular de la víctima, se tuvo acceso a la información almacenada, sin consentimiento de la víctima y sin que mediara previamente una autorización judicial.

El 10 de septiembre de ese año, el agraviado formuló queja ante este Organismo Nacional, que fue radicada en el expediente CNDH/1/2015/7280/Q.

En su investigación, la CNDH contó con evidencias que acreditan la trasgresión a los mencionados derechos humanos de la víctima, por lo cual recomienda al titular de la PGR se repare el daño al agraviado en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación y se le proporcione atención psicológica, y se continúe la debida integración y perfeccionamiento de la averiguación previa iniciada por la probable comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos y, en su caso, se determine la responsabilidad penal que pudiera existir.

También, diseñar e impartir un curso integral dirigido al personal ministerial y policial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR (SEIDF-PGR), relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos, específicamente al personal ministerial, sobre el Acuerdo A/009/15, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos de la institución para la detención y puesta a disposición de personas.

En el caso del personal de la Dirección General Adjunta de Administración y Servicios de la Policía Federal Ministerial, impartir un curso sobre el Acuerdo A/69/12 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del diverso A/125/10, por el que se establecen los lineamientos generales para la expedición de las credenciales de identificación de los servidores públicos que intervengan en su cumplimiento.

Colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia de hechos que se presente ante la autoridad competente y la PGR, respectivamente, contra los servidores públicos involucrados en los hechos, por las irregularidades acreditadas en la presente Recomendación.

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se investigue la irregular comisión de uno de los elementos aprehensores.

Asimismo, se pide inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas.

Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a su destinatario, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx

A este uso aberrante de la persecución de delitos por parte del Fiscal de la Nación, se suma la histórica corrupción de los jueces que, por ejemplo, en 2005 dejaron en libertad a un violador de una menor de edad en Acapulco y en el exceso de la impudicia, el defenestrado juez Anuar González Hemadi, sin el mínimo reparo desechó pruebas de la violación a una adolescente para liberar al poderoso victimario Diego Cruz.

Aunque fue suspendido por proteger a la impunidad del violador, el mal ejemplo del cínico juzgador estimula juez cuarto de Distrito, José Arquímedes Gregorio Loranca, para intentar liberar a otro implicado en otro caso de una universitaria identificada como Karla y el impune como Francisco.

Y así, piensa que se puede cree en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) instalado el 4 de abril con la esperanza de que el Senado designe al Fiscal Anticorrupción este jueves 6 de abril. ¡Cosas veredes Sancho!, decían Don Quijote.


No leemos en http://arcanoradio.blogspot.mx/, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo, en busca de la verdad, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.