sábado, 13 de mayo de 2017

Usan visita de Relator de la ONU del Agua como espaldarazo a Videgaray

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político

Sin agua potable pero con mucha Coca
poco menos de 59 millones de mexicanos,
un millón 750 mil son chiapanecos por obra y gracia del
gobernador verde Manuel Velasco Coello.
Ausencia de un marco normativo para hacer efectivo al 48 por ciento de mexicanos su derecho humano al acceso al agua potable, observó el brasileño Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua potable y al Saneamiento, en su visita a México del 2 al 12 de mayo.

Según cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 52 por ciento de la población recibe agua todos los días, ya sea de manera interrumpida o permanente y solamente 14 por ciento la recibe las 24 horas todos los días, mientras 48 por ciento, un millón 750 mil son chiapanecos que no recibe el servicio ni siquiera una vez al día.

En sus conclusiones preliminares antes de abandonar a México, el experto independiente nombrado en noviembre de 2014, indicó que entre los desafíos más apremiantes señaló que se debe continuar trabajando a fin de contar con un marco normativo completo en la materia.

Un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destaca que el visitante reconoció el compromiso de las autoridades competentes para fortalecer las acciones que permitan mejorar el acceso efectivo de la población a los derechos al agua potable y saneamiento, particularmente para las personas en situación vulnerable o que se encuentran en lugares de difícil acceso.

Se considera que esta visita constituyó una vía para refrendar el compromiso del Gobierno de la República con la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en la materia, en especial en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.

El exagerado optimismo de la cabeza del sector diplomático a cargo del aspirante presidencial Luis Videgaray Caso, intenta ocultar que “las personas en situación vulnerable o que se encuentran en lugares de difícil acceso” representan la friolera del 48 por ciento no recibe el servicio ni siquiera una vez al día, es decir poco menos de 59 millones.

Incumple así el presidente Enrique Peña Nieto, el compromiso adquiridopor México al firmar la Resolución 64/292 en la Asamblea General de la ONU el 28 de julio de 2010, en donde se reafirma que “que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Del 2010 al 12 de mayo de 2017, se mantiene la deuda gubernamental de cumplir con la obligación internacional mientras que la actual administración insiste en privatizar los servicios de agua potable a todos los mexicanos:

Cerca del 50 por ciento es debido a la baja confiabilidad,  y 17 por ciento más por el sabor y el olor. “El problema es que se gasta en promedio 149 pesos al mes en la compra de agua embotellada y esto es considerando todos los niveles socioeconómicos”, estimó en 2016 Emiliano Rodríguez Briceño, gerente de Fortalecimiento de los Organismos Operadores de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Señaló que a nivel nacional casi no hay políticas para atender este enorme reto, “sin embargo existen algunas acciones aisladas a nivel de proyectos piloto en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunas Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, y aunque permiten contar con una visión amplia y propuestas, las autoridades no tiene receptividad para aplicarlas”.

Lo grave es que La federación no puede tener información completa de los servicios de agua potable porque esto ni es obligatorio por parte de los municipios ni por parte de los organismos federales.

Para la dependencia de Videgaray Caso, esta dramática realidad es pecata minuta, ya que en el comunicado de la visita del brasileño se dice que “el Relator presentó conclusiones preliminares en una reunión en la que participaron representantes de distintas dependencias del Gobierno Federal, así como de los poderes legislativo y judicial, entre otros”.

Y se exuda optimismo mediático: “En esta reunión, el Relator Especial saludó los significativos avances alcanzados durante los últimos años, tales como el reconocimiento constitucional del derecho al acceso al agua potable y saneamiento, así como los esfuerzos de los tres niveles del gobierno mexicano en la materia”.

En caballo de hacienda hacia la Presidencia con el espejismo de que “destacó en especial el alcance de la cobertura de infraestructura de agua y saneamiento en el país mediante soluciones innovadoras y el sistema implementado para proteger a la población más vulnerable de los riesgos en materia de acceso, calidad y costos de los servicios de agua potable y saneamiento”.


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lunes, 1 de mayo de 2017

Aumentarán 2.99 por ciento gasto federal de 2018 a programas prioritarios agrarios

* Esperan inflación cercana al 5 por ciento en 2017


* ¿Atenderán al 60 por ciento de empobrecidos campesinos?


Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político


Aumenta 2.99 por ciento el presupuesto federal de 2018 a los programas prioritarios del campo mexicano con 60 por ciento de campesinos al límite del hambre, en el supuesto de un crecimiento económico superior del 2.5 por ciento en contraste a la perspectiva del Fondo Monetario Internacional del aumento económico inferior al 2 por ciento.

Gildardo López Tijerina, jefe de la Unidad Especializada de Análisis Financiero del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, dijo que se espera a nivel mundial el 3.6 por ciento de crecimiento, 2.4 por ciento para Estados Unidos, 1.6 por ciento para la Zona Euro y 0.5 por ciento para Japón.

Mostró un exagerado optimismo al avalar las perspectivas de la Administración Peña de 2.5 por ciento de crecimiento, es decir, una décima arriba de Estados Unidos, 9 décimas encima de la Zona Euro y 1.5 por ciento mejor que Japón.

Las perspectivas económicas para 2018 del Fondo Monetario Internacional en su Reunión de Primavera con el Banco Mundial en abril, difieren de las estimaciones del mexicano respecto a la proyección de crecimiento económico de México por abajo del 2 por ciento, con 6 décimas debajo de la estimación publicada de octubre de 2016.

Recodemos que el diputado federal priista duranguense Óscar García Barrón, secretario de las comisiones de Reforma Agraria y de Ganadería, reconoció el 29 de abril que el 60 por ciento de las familias del campo vive en pobreza, al participar en el Seminario Nacional Permanente “La participación del Estado en el desarrollo agrario”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fue claro: “Los problemas del agro mexicano están sobre diagnosticados, ya sabemos cuáles son nuestros males y las soluciones también se conocen”. El gobierno ha diseñado programas de apoyo, los presupuestos se han elevado y se ha modificado el marco jurídico para dar certeza en la tenencia de la tierra, entonces ¿qué falta por hacer?

Gildardo López Tijerina informó que 40 de los programas prioritarios representan 29 por ciento del total asignado a programas que convergen en el PEC, los cuales se encuentran en 11 Ramos, y a los que se les asignan, para 2018, 235 mil 992 millones de pesos (mdp), lo que representa 6 mil 873 mdp adicionales al aprobado en 2017, por 229 mil 118 mdp, un aumento del 2.99 por ciento contra una inflación cercana al cinco por ciento.

Con esta inconsistencia en las cifras mexicanas frente a los organismos internacionales, los investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, señalaron que los recursos consignados a programas prioritarios del campo para 2018, establecidos en los Precriterios Generales de Política Económica del Ejecutivo federal, son insuficientes, por lo que se requiere analizar el desempeño de cada uno de estos.

Diputados integrantes del Comité del CEDRSSA, que preside José Hugo Cabrera Ruiz (PRI), se reunieron con investigadores de dicho centro, a fin de analizar proyecciones de programas destinados al agro en 2018.

Al presentar el documento “Proyecciones de cierre para 2017, perspectivas para 2018 y programas prioritarios del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC)”, Gildardo López Tijerina, jefe de la Unidad Especializada de Análisis Financiero del CEDRSSA, indicó que las cifras deberán servir como referencia para el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Nos parece que el presupuesto es poco e insuficiente, por lo que será necesario analizar cada uno de los programas destinados al campo y observar cómo se desempeñaron sus indicadores pero, sobre todo, si generaron buenos resultados”, apuntó.

Estos datos, abundó, “ayudarán a darnos una idea de este anticipo que presentan los Pre-Criterios que nos envía el Gobierno federal en materia del agro”.

Informó que 40 de los programas prioritarios representan 29 por ciento del total asignado a programas que convergen en el PEC, los cuales se encuentran en 11 Ramos, y a los que se les asignan, para 2018, 235 mil 992 millones de pesos (mdp), lo que representa 6 mil 873 mdp adicionales al aprobado en 2017, por 229 mil 118 mdp.

Dentro de estos programas prioritarios del PEC, se mantienen los destinados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), variando su proyección presupuestaria de 55 mil 274 mdp a 56 mil 933 mdp, es decir, presenta un incremento de mil 658 mdp.

Asimismo, se mantiene el programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con 120.2 mdp adicionales.

En materia de salud, continuó, se privilegia el Sistema Nacional de Protección en Salud que incluye la vertiente del Programa de Inclusión Social (Prospera), así como las acciones en materia de vivienda rural a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con un aumento de mil 891 mdp para 2018.

De igual manera, detalló López Tijerina, se priorizan los programas de operación y mantenimiento de infraestructura hídrica en el medio rural, así como los de infraestructura hidroagrícola, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recibiendo 120.8 mdp de incremento.

También presentan aumento los programas del PEC que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como los que están a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con 2 mil 330 y 168.1 mdp, respectivamente.

Precisó que a nivel mundial las perspectivas económicas para 2018 estiman un crecimiento de 3.6 por ciento, en tanto que en Estados Unidos ascendería a 2.4 por ciento; la Zona Euro y Japón aumentarían 1.6 y 0.5 por ciento, respectivamente.

Las economías emergentes crecerían 4.8 por ciento; particularmente, se estima que China tenga un incremento de 6 por ciento.

Detalló que analistas económicos esperan que para el siguiente año se diluya la incertidumbre sobre el futuro económico y se conozca la política fiscal que instrumentará el gobierno estadounidense.
Con base en esa expectativa, consideran que las exportaciones de México crezcan 4.1 por ciento, al mismo tiempo que el mercado interno registre mayor dinamismo al aumentar 2.9 o 2.1 por ciento en inversión, apuntó.

En consecuencia, sostuvo, el crecimiento económico para 2018 se estima en 2.5 por ciento, porcentaje sujeto a la posible presencia de un mayor dinamismo de la producción industrial de Estados Unidos, recuperación de la industria de la construcción y vivienda, y un repunte de la inversión y consumo privado.

Respecto a las finanzas públicas, dijo que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como por la trayectoria multianual de consolidación fiscal prevista desde el ejercicio 2014, los analistas estiman que en 2018 se requerirá ajustar el gasto público programable, incluyendo la inversión de alto impacto, por un monto de 43.8 mil mdp.

En tal sentido, se propone una meta anual para los requerimientos financieros del sector público de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).


Como resultado de lo anterior, se obtendrían mayores ingresos presupuestarios por 141 mil 339 y 51 mil 456 millones de pesos en relación a la Ley de Ingresos de la Federación 2017; además de mayores ingresos tributarios y no tributarios; más ingresos del petróleo y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).